Los propietarios, incluso con contratos debidamente firmados y registrados, pueden tardar meses o incluso años en recuperar sus propiedades. Esta situación, según los fundamentos del proyecto, desalienta la inversión en alquileres, fomenta la informalidad y genera inseguridad jurídica.

¿Qué propone este nuevo procedimiento?

• Vía sumarísima y sin mediación previa: Para los desalojos de inmuebles destinados a vivienda, comercio u otros usos, siempre que haya un contrato por escrito debidamente registrado ante la AFIP, el proceso será por la vía del juicio sumarísimo, excluyéndose de la mediación previa obligatoria.
• Lanzamiento rápido: El juez podría ordenar el lanzamiento (desalojo) del inmueble en un plazo máximo de treinta (30) días corridos desde la notificación de la demanda, salvo que el demandado presente una prueba fehaciente de causa justificada.
• Desalojo provisional: El juez podrá ordenar el desalojo provisional del inmueble incluso antes de la sentencia definitiva si se acredita: un contrato registrado, falta de pago por más de treinta (30) días corridos, y la falta de consentimiento del locador a la ocupación actual. Este lanzamiento provisional se ejecutaría dentro de los quince (15) días corridos de su orden.
• Respeto por los derechos: El proyecto enfatiza que el desalojo se realizará con “estricto respeto a la dignidad y derechos humanos de los ocupantes”, garantizando medios adecuados para su traslado y protección. También se buscan proteger los derechos fundamentales de los inquilinos, estableciendo plazos mínimos para responder y exigiendo que todo procedimiento se base en prueba documental válida.

En definitiva, este proyecto busca restaurar el equilibrio entre las partes, devolver previsibilidad al sistema, fomentar el cumplimiento de la ley y fortalecer el derecho de propiedad, sin descuidar la equidad y el acceso a la justicia. Se solicita su urgente tratamiento y aprobaci